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miércoles, 12 de febrero de 2014

Senadores de PRI y AN aprueban nuevo tipo penal en materia de terrorismo

Eliminan disposiciones de no considerar en ese delito a las manifestaciones

Advierten PRD y PT sobre los riesgos de instaurar un Estado autoritario que criminaliza la protesta

La mayoría PRI-PAN en el Senado aprobó reformas a diversos ordenamientos para crear un nuevo tipo penal en materia de terrorismo vinculado al lavado de dinero, pero eliminó la disposición expresa de no considerar como actos terroristas las manifestaciones y otras expresiones de protesta social.

La minuta se aprobó con 83 votos en favor y 22 en contra, estos últimos de las bancadas de PRD y PT, que argumentaron sobre los riesgos de instaurar un Estado autoritario que criminaliza la protesta y llegó al extremo de que los grupos de autodefensas de Michoacán, los pilotos y sobrecargos de Mexicana o los jóvenes del movimiento #YoSoy132 que se manifiesten en las calles o ante alguna dependencia pública sean considerados terroristas.

Esos argumentos fueron rechazados y se pasó al Ejecutivo federal para su promulgación esa minuta que reforma los códigos Penal Federal, el de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras disposiciones en materia de seguridad pública, para sancionar hasta con 50 años de cárcel el delito de terrorismo.

Uno de los cambios impugnados por la oposición de izquierda es que se considerará actividad terrorista el ‘‘apoderarse’’ o ‘‘ejercer control’’ de plataformas marítimas e instalaciones aeroportuarias. ‘‘Se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas’’, recalcó la senadora Dolores Padierna.

Igualmente, el también senador perredista Alejandro Encinas hizo notar que se trata de una minuta con serias imprecisiones que no define claramente el delito de terrorismo, por lo que todo se deja a la discrecionalidad de los jueces.

Se restablece, recalcó, el delito de disolución social, principal elemento con el que el gobierno mexicano persiguió a los opositores en décadas pasadas.

A su vez, el senador del PT David Monreal recalcó que no es una legislación contra el terrorismo, sino una ley que instaura ‘‘un terrorismo de Estado’’, al atentar contra las libertades civiles y los derechos políticos de los ciudadanos, como los de expresión y manifestación.

Padierna Luna y Encinas Rodríguez insistieron en la gravedad de esa iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, modificada por los diputados. Resaltaron que se eliminó el último párrafo del artículo 139 del Código Penal Federal, en el que se indicaba que ‘‘no se considerará como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o cualquier otro ejercicio derivado de una grantía constitucional’’.

Los legisladores insistieron en que México no es un país de terroristas, por lo que no se justifica una legislación como la ayer aprobada, que responde a los dictados de organismos internacionales dominados por Estados Unidos.

Encinas recalcó que en la fracción primera del artículo 139 se señala que podrá ser objeto de acusación de actos terroristas quien, utilizando cualquier medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados.

Asimismo, agregó, también se considerará terrorista a quien presiona a la autoridad o a algún particular para que éste tome una determinación.

El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth (PAN), respondió a los cuestionamientos de los perredistas. Mencionó a los migrantes mexicanos que murieron en los atentados terroristas de las Torres Gemelas en Nueva York, y reconoció que urgía esa legislación para atender dos recomendaciones del Grupo de Atención Financiera (Gafi), que se reúne este jueves.

Insistió en que no se criminaliza la protesta, y al dirigirse al perredista Fidel Demedicis, quien expresó en tribuna que se le considerará terrorista, dado que toda su vida ha sido un dirigente magisterial que acude a la protesta, le dijo que él (Gil Zuarth) no ha visto un arma química en sus manos defendiendo una causa social.

El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, le hizo notar que la minuta alude también a la violencia y cualquier protesta, una marcha o las tomas de oficinas o de un palacio municipal pueden inscribirse en esa definición.

Fuente: La Jornada

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